Estamos asistiendo a una segunda ola de una pandemia que nos ha sumergido de nuevo en una crisis no solo sanitaria sino social, económica y política. Nos ha revelado la fragilidad del Estado y sus servicios públicos, y en especial de nuestro sistema sanitario, como consecuencia de años de políticas neoliberales de recortes y privatizaciones.
Nos ha revelado también las disfunciones institucionales en aspectos clave como los límites del Estado de las Autonomías.
Afrontamos esta situación con la manipulación de la Justicia por la derecha monárquica, que imposibilita la renovación del Consejo General del Poder Judicial, sin legitimidad democrática por estar caducado desde hace dos años, y del propio rey Felipe de Borbón, al que nadie le ha votado, que actúa saltándose las normas vigentes contra un gobierno resultado de la mayoría parlamentaria tras unas elecciones generales.
Y por encima de todo, la monarquía, no solo por los presuntos delitos de Juan Carlos de Borbón, sino por el silencio cómplice del rey actual, que no reaccionó hasta que el fango le salpicó, sacrificando a su padre señalándolo como si fuera el único culpable. Felipe de Borbón y toda su “familia real” conocían y se aprovechaban de la situación y han callado durante todos estos años. Una monarquía que se escuda bajo el paraguas medieval de la inviolabilidad del monarca, que no está dispuesta a renunciar a ese impresentable y no democrático privilegio.
Y una Justicia, unos Gobiernos, y gran parte de los medios… al servicio de la monarquía y de lo que significa, que han rechazado durante años investigar al monarca, ni siquiera en lo que tenía que ver con los años posteriores a su dimisión. Y solo lo ha hecho cuando ya había comenzado a investigar la fiscalía suiza.
Siendo muy grave la corrupción de los Borbones, el problema es la monarquía. Una institución no democrática, que no hemos votado, que proviene actualmente de la dictadura fascista, que hereda la Jefatura del Estado como se hereda una cuenta en Suiza. Por todo ello es necesario articular una salida republicana a esta crisis, que no solo signifique el cambio en la elección de la Jefatura del Estado.
Necesitamos una Constitución que garantice los derechos básicos, laborales, sociales y políticos al conjunto de la ciudadanía, que fije como prioridad las inversiones en servicios públicos frente al pago de la deuda. Una salida que garantice el autogobierno de los pueblos en una España solidaria y plurinacional. Esta salida es la República.
Llamamos a la ciudadanía y a las fuerzas políticas, sociales y sindicales a comenzar a dar pasos efectivos en esa dirección. Llamamos a la movilización para defender la dignidad y los derechos y el futuro de las nuevas generaciones.
Con las necesarias medidas sanitarias de protección, nos vemos en las calles el próximo 18 de octubre.
El rey emérito al banquillo
Inviolabilidad no
¡VIVA LA REPÚBLICA!
